STF valida la Moratoria de la Soja en Brasil

¿Qué es la Moratoria de la Soja y por qué llegó al Supremo?

La Moratoria de la Soja es un acuerdo privado voluntario vigente desde hace casi 20 años que prohíbe la compra de soja cultivada en tierras deforestadas de la Amazonía después de julio de 2008. Los estados de Mato Grosso y Rondônia aprobaron leyes que retiran beneficios fiscales a las empresas adheridas al pacto, lo que llevó a partidos políticos a impugnarlas ante el STF.

¿Qué resolvió el Supremo?

El pleno del Supremo Tribunal Federal falló el miércoles 12 de agosto: validó la moratoria como un acuerdo legítimo de mercado basado en la libertad de empresa, y también ratificó las leyes estaduales de Mato Grosso y Rondônia que restringen incentivos fiscales a las empresas participantes.

El ministro Flávio Dino, ponente del caso de Mato Grosso, sostuvo que la moratoria es una relación privada anterior al Código Forestal y que no impide a los estados definir sus propias políticas de incentivos. La mayoría del tribunal siguió su voto.

¿Qué pasa con los juicios en curso?

El STF ordenó extinguir todos los procesos que cuestionaban la legalidad de la moratoria en el Poder Judicial y ante el Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade), cerrando la puerta a demandas de compensación impulsadas por grandes comercializadoras.

¿Qué reglas fiscales deben cumplir las empresas?

El tribunal fijó que cualquier retiro o reducción de beneficios tributarios debe respetar los principios de anterioridad anual y nonagesimal, es decir, los cambios no pueden entrar en vigor antes de un año o de 90 días tras su promulgación. Esto da previsibilidad a las empresas, incluidas las de capitales argentinos, chilenos y uruguayos presentes en el agronegocio brasileño.

¿Cuál es el impacto para el agronegocio regional?

En diciembre de 2025, Reuters informó que algunas de las mayores «tradings» de soja del mundo se preparaban para abandonar el acuerdo a fin de preservar incentivos fiscales en Mato Grosso. El fallo del STF confirma que los estados pueden restringir legalmente esos beneficios, lo que redefine la ecuación para operadores con fuerte presencia en el Cono Sur.