¿Qué cambió con la Ley Maria da Penha hace 20 años?
El 7 de agosto de 2006, Brasil promulgó la Ley 11.340/2006, conocida como Ley Maria da Penha, transformando la violencia doméstica de un asunto privado en un problema público. Antes de su existencia, las agresiones en el hogar se normalizaban bajo el dicho popular de que "en pelea de marido y mujer, nadie mete la cuchara."
¿Qué tipos de violencia reconoce la ley?
La legislación va mucho más allá de la violencia física: incluye la violencia psicológica, sexual, patrimonial, moral y vicaria. Esta última —cuando el agresor utiliza a hijos, familiares o la red de apoyo para dañar a la víctima— fue incorporada formalmente en 2026, demostrando que la ley sigue actualizándose.
¿Cuáles son los avances en dos décadas?
Para la abogada Luciane Mezarobba, especialista en casos de mujeres, la ley convirtió conductas antes normalizadas —humillar, manipular, explotar económicamente— en delitos punibles. La socióloga Bruna Camilo señala que nombrar estas conductas en la ley fue fundamental: antes, muchas mujeres creían que la violencia era "su destino".
¿Por qué las cifras siguen siendo alarmantes?
Según el Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP), en 2025 se registraron 1.568 víctimas de femicidio en Brasil, un aumento del 4,7% respecto al año anterior. Desde que el femicidio fue tipificado como delito en marzo de 2015, al menos 13.703 mujeres han sido asesinadas por razones de género. Para países de América Latina con marcos legales similares, Brasil sigue siendo una referencia legislativa, aunque la brecha entre la ley y su aplicación real continúa siendo un desafío regional compartido. La subnotificación y el incumplimiento de medidas de protección siguen obstaculizando el sistema.
- La Ley Maria da Penha (N.° 11.340/2006) cumple 20 años en agosto de 2026.
- 1.568 víctimas de femicidio en Brasil en 2025, un 4,7% más que el año anterior (FBSP).
- Al menos 13.703 mujeres asesinadas por género desde marzo de 2015.
- La violencia vicaria fue incorporada a la ley en 2026.
- Principales desafíos: subregistro, acceso a la justicia e incumplimiento de órdenes de protección.
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