Nueva ley ambiental de Brasil: ¿avance o riesgo?

¿Qué establece la nueva ley de licencias ambientales de Brasil?

La Ley General de Licenciamiento Ambiental entró en vigor en febrero de 2025 con el objetivo de unificar la regulación entre la Unión, los estados y los municipios, hacer más predecibles los plazos y adaptar las categorías de licencias al impacto real de cada emprendimiento.

¿Por qué el Congreso anuló los vetos presidenciales?

El presidente Lula vetó 63 artículos, pero el Congreso revirtió 52 de esos vetos argumentando que proyectos por miles de millones de reales están paralizados a la espera de licencias ambientales. Solo en carreteras y ferrovías, el Ministerio de Transporte planea adjudicar entre R$ 700.000 millones y R$ 800.000 millones en diez años — un mercado relevante para inversores de Argentina, Chile y toda América Latina.

¿Qué ventajas destacan los defensores de la ley?

El abogado Werner Grau (Pinheiro Neto) señala que la norma prioriza el licenciamiento según el impacto real: los proyectos de bajo riesgo pueden obtener una Licencia por Adhesión y Compromiso mediante autodeclaración, sin inspección ni evaluación previa de impacto ambiental.

¿Cuáles son las críticas principales?

El abogado ambiental Maurício Guetta (PUC/SP) cita la BR-319 — la carretera de los años 70 que une Manaos con Porto Velho — como ejemplo de inseguridad jurídica: antes clasificada como de impacto significativo, ahora está eximida de licenciamiento completo. Márcio Astrini (Observatorio del Clima) advierte que eliminar parámetros claros crea una falsa sensación de que «todo está permitido», y que los tribunales tendrán la última palabra.

¿Hay impugnaciones judiciales en curso?

Sí. Tres Acciones Directas de Inconstitucionalidad (ADIs) fueron presentadas ante el Tribunal Supremo (STF), lo que puede retrasar la certeza jurídica que la ley prometía ofrecer a los inversores.