DPU impugna leyes de licenciamiento ambiental

¿Qué son las nuevas leyes de licenciamiento ambiental de Brasil?

En 2025 Brasil promulgó dos normas de gran alcance: la Ley General de Licenciamiento Ambiental (N.º 15.190/2025) y la Ley de Licencia Ambiental Especial (N.º 15.300/2025). La Ley General está vigente desde febrero y fue promulgada por el presidente Lula con 63 vetos, todos posteriormente rechazados por el Congreso Nacional.

¿Qué cambios introducen?

Las normas contemplan la dispensa de la evaluación de impacto ambiental y un proceso simplificado de licenciamiento para actividades de impacto medio. Para inversores latinoamericanos — incluyendo empresas argentinas, chilenas o colombianas con proyectos en Brasil — esto puede significar trámites más ágiles, aunque también mayor incertidumbre jurídica mientras el Supremo resuelve.

¿Por qué la DPU las impugna ante el STF?

La Defensoría Pública de la Unión (DPU) presentó una solicitud al Supremo Tribunal Federal (STF) para participar como amicus curiae en tres acciones directas de inconstitucionalidad (ADIs) iniciadas por partidos políticos y organizaciones sociales. La DPU sostiene que las leyes representan una transformación profunda del modelo de protección ambiental previsto en la Constitución Federal.

¿Cuáles son los argumentos constitucionales?

Según la Defensoría, la legislación invierte las prioridades constitucionales al subordinar los derechos fundamentales y la protección ambiental a las necesidades de expansión económica, bajo el discurso de la simplificación administrativa. La institución recuerda que el licenciamiento ambiental no fue concebido para obstaculizar la actividad económica, sino para compatibilizar el desarrollo con la protección de la vida, la salud, la biodiversidad y los derechos territoriales de pueblos indígenas y comunidades quilombolas.

¿Qué riesgos identifica la DPU?

Los defensores advierten sobre degradación de recursos naturales, pérdida de territorios tradicionales, desplazamiento forzado de poblaciones y agravamiento de conflictos socioambientales. También señalan que restringir la actuación de órganos técnicos reduce la participación social en el proceso de licenciamiento.

¿Qué viene ahora?

La solicitud está en manos del ministro relator Alexandre de Moraes. Si acepta la condición de amicus curiae, las contribuciones técnicas de la DPU orientarán el fallo del STF, con consecuencias directas para proyectos de inversión en todo Brasil.